Antecedentes Proyecto de Plusvalia - 1ª Parte

ANTECEDENTES:

- Constitución Nacional: artículo 75 inc. 2, 19 y 23.-

- Constitución de la Provincia de Río Negro: artículos 74, 75, 86, 90 y 230.-

- Carta Orgánica Municipal de Bariloche: artículos 11, 14 inc. 4 y 10, 29 inc. 1, 99, 100, 101, 194 y 195.

- Ley provincial 279 de Tierras y Colonias de la Provincia de Río Negro: artículo 2.-

- Ley de Desarrollo Territorial 388 de Colombia: artículo 73.-

- Ley General de Planeación de México de 1983: artículo 32.-

- Ordenanza Fiscal nª 5: “Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”, Ayuntamiento de Málaga, España, 2008.-

- Conclusiones del IV Elaboratorio IGC Ciudad Inclusiva: “La Gestión Técnico-Política del Territorio en la ciudad de Rosario”, Rosario, 7/ 8 y 9 de mayo de 2008.-

- Plan Director de la Ciudad de General Roca.-

- Proyecto de Plusvalía Urbana, bloque ARI del Concejo Deliberante de la ciudad de Usuahia, 2008.-

- Ensayo: “Recuperación de plusvalías en América Latina, alternativas para el desarrollo urbano”. Martim Smolka y Fernanda Furtado, editores. Pontificia Universidad Católica de Chile, Lincoln Institute of Land Policy, 2001.

- Tesis: “Participación en Plusvalías. Condiciones jurídicas para su implementación en México” Claudia Marcela Acosta Mora. El Colegio de México A.C.

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- Constitución Nacional: artículo 75 inc. 2, 19 y 23
"Artículo 75- Corresponde al Congreso:

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación especifica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.

La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su composición.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia."

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- Constitución de la Provincia de Río Negro: artículos 74, 75, 86, 90 y 230.-

"ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 74.- La Provincia con los municipios ordena el uso del suelo y regula el desarrollo urbano y rural, mediante las siguientes pautas:

1. La utilización del suelo debe ser compatible con las necesidades generales de la comunidad.

2. La ocupación del territorio debe ajustarse a proyectos que respondan a los objetivos, políticas y estrategias de la planificación democrática y participativa de la comunidad, en el marco de la integración regional y patagónica.

3. Las funciones fundamentales que deben cumplir las áreas urbanas para una mejor calidad de vida determinan la intensidad del uso y ocupación del suelo, distribución de la edificación, reglamentación de la subdivisión y determinación de las áreas libres.

4. El cumplimiento de los fines sociales de la actividad urbanística mediante la intervención en el mercado de tierras y la captación del incremento del valor originado por planes u obras del Estado.

REGIMEN DE TIERRAS

Artículo 75.- La Provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad.

Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para todos los habitantes acceder a ella.

Propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y técnico, y de fomento.

La ley establece las condiciones de su manejo como recurso renovable, desalienta la explotación irracional, así como la especulación en su tenencia libre de mejoras, a través de impuestos generales.

En materia agraria la Provincia expropia los latifundios inexplotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse.

POLITICA ECONOMICA-PRINCIPIOS

Artículo 86.- La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su principal objeto es el desarrollo de la Nación, de la Región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no pueden contrariar el bien común.

La ley desalienta la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente las ganancias.

Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores económicos que participan en el proceso productivo.

PROPIEDAD - EXPROPIACION

Artículo 90.- La propiedad y la actividad privadas tienen una función social; están sometidas a las leyes que se dicten.

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y justamente indemnizada.

REGIMEN MUNICIPAL-TESORO MUNICIPAL

Artículo 230.- El tesoro municipal está compuesto por:

1. Los recursos permanentes o transitorios.

2. Los impuestos y demás tributos necesarios para el cumplimiento de los fines y actividades propias. Pueden ser progresivos, abarcar los inmuebles libres de mejora y tener finalidad determinada en los casos previstos por ordenanza especial.

3. Las rentas de sus bienes propios, de la actividad económica que realice y de los servicios que preste.

4. Lo recaudado en concepto de tasas y contribuciones de mejoras. La alícuota se determina teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el servicio o beneficio recibido, el costo de la obra y el principio de solidaridad.

5. Los créditos, donaciones, legados y subsidios.

6. Los ingresos percibidos en concepto de coparticipación."

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Carta Orgánica Municipal de Bariloche: artículos 11, 14 inc. 4 y 10, 29 inc. 1, 99, 100, 101, 194 y 195.

"Competencias
Art. 11) La Municipalidad ejerce plenamente su poder de policía en todo el ejido municipal. En los establecimientos de utilidad nacional o provincial establece la normativa y reglamentaciones que no fueran incompatibles con la finalidad federal o provincial para la que fueron creados; controla y sanciona su incumplimiento y establece impuestos, tasas, contribuciones y otros gravámenes. Reivindica de la Nación y de la Provincia su facultad de concurrir a la protección y preservación de sus recursos naturales, definir el desarrollo ambiental y decidir la fisonomía productiva de la ciudad. Asimismo, participa en las decisiones que involucran estos recursos y coordina con las autoridades nacionales y provinciales toda acción legislativa o ejecutiva relacionada con la actividad turística, productiva o de servicios de la ciudad, o que incidan en ella. Complementa y refuerza los controles; colabora con otras jurisdicciones en la consecución de estos fines y promueve la preeminencia de la norma jurídica que por su especificidad comunal mejor proteja el recurso. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de las demás facultades concurrentes que el ordenamiento jurídico reconoce a los municipios.

Derechos

Art. 14) Los habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche gozan en su territorio de todos los derechos enumerados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de la Provincia de Río Negro.

En especial se reconocen los siguientes derechos:

4. Al uso racional de los recursos naturales, respetando el principio de utilidad pública y la función social de la propiedad.

10. A la distribución de las cargas u obligaciones públicas, bajo los principios de legalidad, equidad, igualdad y no confiscatoriedad.

Art. 29) Son Funciones y Competencias Municipales:

Gobierno

1. Gobernar y administrar los asuntos públicos e intereses locales dirigidos al bien común, para promover el desarrollo humano y social.
Potestad tributaria
Art. 99) La Municipalidad tiene potestad tributaria sobre las personas, los bienes existentes y las actividades realizadas en su jurisdicción. Su competencia tributaria es indelegable.

Principios

Art. 100) El sistema tributario y las cargas públicas municipales se fundamentan en los principios de legalidad, equidad, progresividad, proporcionalidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad, certeza, no confiscatoriedad e irretroactividad. Procura la armonización con el régimen impositivo nacional y provincial , sin vulnerar la autonomía municipal.

Art. 101) No existen tributos sin ordenanza previa, la cual deberá establecer el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible y la alícuota o monto aplicable. Las tasas son siempre retributivas de servicios prestados y determinables. La ordenanza que imponga o modifique tributos y tasas deberá ser sancionada por el voto de dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los miembros del Concejo Municipal.

Art. 194) La Municipalidad:

1. Promueve en forma integral el desarrollo humano y comunitario de sus habitantes, posibilitando el acceso a una mejor calidad de vida, impidiendo todo tipo de discriminación y asegurando el permanente equilibrio entre los derechos del individuo, los de los diferentes sectores que interactúan en la ciudad y los de la sociedad en su conjunto.

2. Fomenta el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía local, la generación de empleo, la formación y capacitación de sus trabajadores, la reconversión de la mano de obra, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

3. Impulsa el crecimiento armónico de la ciudad y políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de sus distintos sectores y zonas.

Recursos específicos

Art. 195) La Municipalidad establece una asignación presupuestaria con destino a la promoción social de los sectores de la población con necesidades básicas insatisfechas, a fin de desarrollar planes, programas y proyectos educativos, culturales, laborales, del hábitat, deportivos, de prevención y asistencia prehospitalaria, que tengan por finalidad hacer real y efectiva la equidad, favoreciendo los principios de solidaridad, participación e integración social. Por ordenanza se establecerá anualmente el monto a destinar a esta asignación. "

Plan Director de Gral. Roca

Obtenido de Desarrollo Sustentable para Roca

En esta página se puede obtener el texto completo del Plan Director para Roca.

El PDR se compone de una Memoria General, tres documentos de tipo reglamentario y un conjunto de Anexos que se ordenan en base a 24 Capítulos con cerca de 350 Artículos.

Los cuatro documentos sustantivos del Plan son los siguientes:
•Memoria de Política General: contiene la justificación del Plan Director y la articulación de este con las 5 estrategias y objetivos acordados en el Plan Estratégico DeSuR (Desarrollo Sustentable para Roca).
•Parte 1 -Estrategias, Directrices y Programas, contiene los principios particulares de la política territorial, los objetivos, las directrices de actuación y los programas y proyectos de acción.
•Parte 2 -Normativa reglamentaria, contiene las disposiciones concernientes al uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
•Parte 3 -Sistema de Gestión, contiene las herramientas que permiten viabilizar las disposiciones anteriores.

El Equipo Técnico colaboró con las Organizaciones y Concejales en la elaboración de la Ordenanza “transitoria” que prohíbe los loteos en la zona productiva (al sur de la Ruta Nacional Nº 22), derogándose la Ordenanza Municipal Nº 2156 del 12 de marzo de 1996 que permitía e incentivaba los Clubes de Campo y/o loteos tipo Barrios Cerrados.

Problemática Urbano-Ambiental (Diagnóstico)
En junio de 2000 el Concejo Deliberante solicita a DeSuR, mediante Ordenanza Nº 3216 del 20 de junio de 2000, la elaboración del Plan Director para Roca (PDR), utilizando la metodología participativa (talleres de uso de suelo) para consensuarlo con las organizaciones involucradas.
En la matriz FODA de la problemática Urbano - Ambiental se plantea que “el área central de la ciudad, los barrios periféricos y el espacio público en general tienen una baja calidad urbana y ambiental”, de esta debilidad surge la estrategia de “revalorizar y potenciar un centro urbano más atractivo, con servicios más competitivos para la ciudad y la región”. La acción inmediata desde el Estado Municipal es la organización y realización de un Concurso Interprovincial de Ideas para el “Mejoramiento del Área Centro de la Ciudad” (durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2000).

En la última década, la ciudad, localizada al igual que el resto de los centros urbanos de la región en el lecho del valle, creció, por un lado, con barrios populares hacia el norte sobre áreas geomorfológicamente inestables no siempre adecuadas para urbanizar y, por el otro, se extendió en pequeños “manchones” dispersos hacia el sur de la Ruta Nacional Nº 22 (años 1996 a 1999) a expensas de áreas agrícolas con la consiguiente pérdida de tierras productivas y aumento de conflictos entre sector productivo y sector residencial.
En este aspecto, diferentes productores rurales han expresado en las reuniones de trabajo la necesidad de preservar a las áreas productivas de tensiones inmobiliarias que fomenten el abandono de las chacras detrás de expectativas especulativas. A su vez, tanto ARSE como la Dirección de Aguas han recomendado la necesidad de no extender la urbanización hacia el norte mas allá del actual límite tanto por razones de aumento del riesgo aluvional como por razones técnico-económicas referidas a la cobertura de los servicios básicos de infraestructura.
El tipo y sentido del crecimiento descripto dio lugar a una expansión fuertemente desordenada por un marcado déficit de políticas y normas urbanísticas públicas. A su vez esto implicó que tanto el área central como los barrios consolidados se terminaran de conformar con una muy baja calidad urbana y ambiental y con una fuerte ausencia de áreas verdes y recreativas.
Este claro déficit en materia de espacios públicos, sumado al escaso equipamiento recreativo de la zona costera del río, ha determinado el uso como “balneario” durante la temporada estival del Canalito, Canal de calle San Juan y Canal Principal de riego, que además de representar un riesgo para los usuarios, por tratarse de agua de riego con posibles residuos tóxicos, genera conflictos con los vecinos frentistas.

Por último es importante destacar que la baja calidad del espacio urbano en Roca atenta de manera directa contra la competitividad de su área comercial central frente al aumento de la oferta de nuevos espacios comerciales de Neuquen y contra la potencial atractividad que la ciudad podría ofrecer al turismo de paso.
El modelo de crecimiento de General Roca, al igual que la mayoría de las ciudades argentinas, estuvo basado en el loteo popular a bajo precio y con niveles medios de cobertura de infraestructura. El loteo popular ha sido un elemento central en la organización socio-espacial y se constituyó así en el mecanismo principal con el cual se expandieron en forma extensiva las tramas urbanas dando como resultado una muy baja ocupación del suelo con densidades en la periferia que no superan en muchos casos los 30 hab/ha. y por lo tanto incrementando de manera sustancial los costos de urbanización (el resultado es un bajo rendimiento de las infraestructuras por su subutilización).

Ley Pierri - Pedido de Reglamentacion

San Carlos de Bariloche, 3 de noviembre del 2007

Al Sr. Gobernador

MIGUEL SAIZ

PROV. DE RIO NEGRO

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, representantes de un amplio espectro de organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, fundaciones y organismos de estado en diferentes niveles, nos dirigimos a Ud a fin de solicitarle en la facultad de sus poderes, tenga a bien REGLAMENTAR LA LEY Nº 3396, la cual adhiere a la Ley Nacional de Regularización Dominial Nº 24.374. Esta constituye una norma legal, administrativa y procedimental, que garantiza el DERECHO A HABITAR y como consecuencia directa, el derecho a la vivienda digna y segura, que aún no cuenta con un marco jurídico ni con políticas que garanticen su protección a nivel provincial.

Cada vez se vuelve más difícil el acceso al suelo urbano y a la vivienda adecuada para gran parte de la población, por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y favorezcan la recuperación de tierras vacantes con finalidad social.

Por lo tanto motiva la presente solicitud, el creciente número de familias que se encuentran privadas de éste derecho. Son muchos los ciudadanos, en la provincia y en el país, con distintas realidades y una misma necesidad: un lugar propio. Una necesidad tan legítima como difícil la posibilidad de satisfacerla.

En las últimas décadas producto de las políticas socioeconómicas implementadas hubo un incremento en la precariedad de la tenencia de la tierra. Hoy en día, si bien se percibe una “aparente” mejora de las condiciones socio-económicas de los trabajadores, la realidad es que el acceso a la tierra y a la vivienda propia es cada vez más difícil de concretar. Hay múltiples factores que inciden en esta situación:

- El creciente fenómeno de extranjerización de la tierra.

- El incremento de la cantidad de personas que se vieron obligadas a emigrar de zonas rurales hacia los grandes centros urbanos de la provincia.

- El valor que le imponen hoy a la tierra, que alcanza precios exorbitantes e inaccesibles para el sueldo de los trabajadores.

- La escasez de la oferta de alquileres permanentes y el desmesurado costo de los mismos que supera el valor de un sueldo promedio.

- La falta de regulación del precio de los alquileres.

En Río Negro, al igual que en toda la Patagonía, vivimos paradójicamente en democracia, pero bajo una tiranía inmobiliaria. Por tal motivo planteamos la necesidad de la “intervención activa, directa y permanente del Estado” a través de políticas y herramientas jurídicas, que garanticen el Derecho a Habitar, tal como postula la Declaración del Habitat , en Anexo 1 y a la cual adherimos (ver documento adjunto)

Dentro de las problemáticas planteadas, la ocupación de tierras es un tema que requiere de urgente tratamiento, dada la cantidad de familias afectadas en nuestra provincia. Solo en Bariloche, suman más de 2600 familias. En este sentido, la Ley Nacional de Regularización dominial 24.374, a la cual la Provincia adhiere a través de la Ley 3396, resulta una alternativa eficiente para regularizar la tenencia de la tierra a familias que son poseedoras de hecho, desde hace muchos años.

Se trata de un instrumento económico, rápido, eficiente y accesible, en comparación con otros mecanismos, ya que esta Ley transforma en un proceso administrativo, un complejo y costoso proceso judicial, preservando a su vez los derechos del titular registral.

En un contexto de injusticia social, reglamentar la mencionada Ley, puede ser un puntapié para comenzar a reparar desigualdades y permitir que muchas familias accedan a la propiedad de la tierra de manera digna.

Las organizaciones e instituciones que suscriben vienen trabajando en esta problemática desde hace mucho tiempo, interactuando con distintas instancias gubernamentales, convencidas de que cada uno, en el lugar que le toca ocupar, tiene una cuota de responsabilidad sobre la realidad que lo rodea, por acción u omisión y que a mayor poder, mayor responsabilidad, y mayor compromiso con esa realidad.

Para finalizar, consideramos necesario instalar el debate y la discusión pública de la problemática de la tierra, el uso y la tenencia; en la búsqueda de una estrategia de desarrollo nacional y provincial auto-sustentado, porque cuando se habla del acceso a la tierra y la vivienda, como consecuencia directa se habla de alimentación, educación, promoción humana, seguridad y salud, garantizando que se cumplan los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y fundamentalmente Humanos, reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y Tratados Internacionales de raigambre constitucional.

A la espera de una pronta y favorable respuesta, saludamos atte.

Adhieren:

- Fundación Gente Nueva

- Equipo Pastoral de Tierras Virgen Misionera

- Equipo Pastoral de Tierras Frutillar

- Federación de Tierras y Vivienda

- Junta Vecinal Llanquihue

- Comisión de Vecinos Nahuel Hue

- Parroquia Virgen Misionera

- Asociación Un Techo para mi Hermano

- Dirección de Tierras Municipio de S. C. De Bariloche